Autorizar un fraccionamiento nuevo en San Luis Potosí tarda hasta un año, cuando el plazo razonable ronda los seis meses, según la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi). El diagnóstico lo difundió El Sol de San Luis el 21 de septiembre de 2026: el estado arrastra un déficit de más de 80 mil viviendas, según el INEGI.
La queja no es nueva. En junio de 2025 el vicepresidente de Canadevi en el estado, Jorge Alejandro Leautaud, documentó en El Universal San Luis que el proceso completo, desde la solicitud de uso de suelo hasta el registro del fraccionamiento, se extiende entre seis meses y cinco años, cuando los estudios de la propia cámara fijan el ideal entre tres y seis meses. «Ese tiempo perdido eleva los costos del proyecto, lo que finalmente paga el comprador», advirtió el directivo. Los desarrolladores señalan además la falta de tierra disponible para urbanizar y la ausencia de una ventanilla única que concentre las autorizaciones de uso de suelo, los dictámenes ambientales y las validaciones técnicas, hoy repartidas entre varias oficinas. La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado obliga a los ayuntamientos a publicar requisitos, procedimientos y tiempos de respuesta.
El Ayuntamiento de la capital respondió con la digitalización de diez trámites de desarrollo urbano, entre ellos la licencia de construcción, el alineamiento y número oficial y la rectificación de planos o medidas, que desde marzo de 2026 pueden realizarse en línea, según Potosinoticias. El síndico Víctor Hugo Salgado, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo, indicó que un expediente bien integrado puede resolverse en alrededor de una semana tras la evaluación técnica. En el mercado, una casa de desarrollador privado arranca en 800 mil pesos; las unidades del programa Vivienda para el Bienestar, desde 630 mil, aún no llegan a la zona metropolitana.
Canadevi pide mesas de trabajo permanentes entre los tres niveles de gobierno y los desarrolladores, y que no se solicite más de lo que ya establece la ley. El siguiente punto de verificación es el comportamiento de los tiempos municipales en los próximos trimestres, con la digitalización ya en operación.
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