El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de San Luis Potosí capacitó a policías municipales de Xilitla, Matlapa y San Martín Chalchicuautla en la aplicación de medidas y órdenes de protección para mujeres en situación de riesgo. El gobierno estatal informó del curso el 1 de noviembre de 2026.
La formación se llamó "Aplicación de medidas de protección y actuación ante situaciones de riesgo" y revisó los procedimientos para ejecutar órdenes, los criterios para identificar factores de riesgo y la respuesta que deben dar los elementos conforme a los protocolos estatales, de acuerdo con Frontal Noticias y El Expres. El organismo reportó 676 órdenes de protección solicitadas y 625 medidas con seguimiento en un corte difundido el 24 de septiembre de 2026 por Quadratín San Luis Potosí, sin precisar el periodo. El gobierno no detalló cuántos agentes asistieron, cuántas horas duró la jornada ni si habrá evaluación.
La ejecución policial es el punto crítico. En 2025, el Código Penal estatal incorporó el delito de incumplimiento u obstaculización de órdenes de protección, con penas de seis meses a dos años de prisión, a partir de una iniciativa presentada el año previo. "No se contaba con datos claros sobre el incumplimiento de órdenes de protección", dijo Xóchithl Guadalupe Rangel Romero, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que impulsó la reforma, en declaraciones retomadas por Policiaca San Luis el 4 de febrero de 2026.
En febrero de 2026, el CJM capacitó a la Unidad de Género de la Guardia Civil Estatal en el protocolo de órdenes de protección, reportó Palestra. Ninguno de los tres municipios aparece entre los que mantienen Alerta de Violencia de Género: según la Defensoría Pública del Estado, la alerta sigue vigente en Ciudad Valles, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, y se levantó en Matehuala, Tamazunchale y Tamuín.
Para las corporaciones, el siguiente paso es aplicar el protocolo en sus primeras intervenciones. Las órdenes de protección se solicitan ante el Juzgado de Órdenes de Protección o cualquier juzgado y deben resolverse en un plazo de cuatro horas, según la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, en declaraciones a San Luis Hoy el 18 de agosto de 2026.
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