Al menos 45 mujeres reportaron negativas, retrasos o maltrato en instituciones de salud de San Luis Potosí al buscar una interrupción legal del embarazo entre el 17 de marzo y el 28 de agosto de 2026, según los registros de la Colectiva Las Compas dados a conocer el 30 de septiembre.
San Luis Potosí despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en noviembre de 2024. Desde entonces, los Servicios de Salud del Estado y el IMSS-Bienestar han practicado más de 400 procedimientos en unidades públicas, de los cuales más de 200 ocurrieron en 2026, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal. La titular de la dependencia, Leticia Gómez Ordaz, declaró a El Universal San Luis Potosí que «hasta el día de hoy, en lo que va del año, llevamos más de 200 abortos legales» y que «es un servicio que se da con total libertad y respetando la decisión de cada una de las mujeres». El Hospital de la Mujer, en la capital, concentra el mayor número de procedimientos.
Nelly Romero, integrante de Las Compas, señaló que los casos incluyen solicitudes de requisitos que no corresponden, afirmaciones falsas sobre la legalidad del procedimiento, culpabilización y dilaciones. La colectiva reporta además desinformación, falta de medicamentos e insumos y personal sin capacitación suficiente. En al menos un caso, una usuaria acudió a más de cuatro espacios antes de recibir atención. De 855 solicitudes con edad gestacional estimable, el 95.1 por ciento inició antes de las 12 semanas y seis días. Desde marzo de 2026, más de la mitad de las personas registradas reportó ingresos familiares menores a 9 mil 500 pesos mensuales, y el 70.7 por ciento dijo que su situación económica influyó en su decisión.
El Código Penal estatal ya nombra la negación y el retraso: en diciembre de 2025 el Congreso del Estado reformó el artículo 150, con 19 votos a favor y cinco en contra, para excluir de castigo el aborto cuando una autoridad o institución de salud pública negó o retrasó la interrupción dentro de las primeras 12 semanas. Lo que sigue, según Las Compas, es que la capacitación alcance también las áreas administrativas, jurídicas, de enfermería y de trabajo social, y que las unidades cuenten con personal no objetor y rutas claras de referencia. Para orientación, la colectiva mantiene abierta su red de acompañamiento.
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