El Congreso de San Luis Potosí aprobó el 20 de septiembre de 2026 crear la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que sustituye a la Unidad Especializada y tendrá estructura y presupuesto propios dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), reportó La Jornada.
La partida reservada para la nueva fiscalía en el Presupuesto de Egresos 2026 supera los 4.6 millones de pesos, de acuerdo con El Universal San Luis. El cambio responde a una demanda que los colectivos de búsqueda potosinos plantearon desde 2018 y que el decreto traduce en obligaciones concretas: el personal deberá cumplir los requisitos del artículo 69 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y los perfiles de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. También corrige un problema de diseño: la unidad anterior operaba sin estructura ni partida formales propias, lo que dejaba sus investigaciones sujetas a recursos discrecionales. Para las familias, la diferencia entre una unidad administrativa y una fiscalía con autonomía técnica es la diferencia entre registrar un expediente y perseguir un delito.
El decreto reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí. La fiscalía contará con áreas de investigación, análisis de contexto, atención y seguimiento a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, delitos cibernéticos y coordinación de la Alerta Amber, además de personal ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial. La presidenta de la Comisión Primera de Justicia, María Leticia Vázquez Hernández, señaló que la instancia «deberá de contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios». Edith Pérez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, advirtió sobre el perfil de quien la encabece: «no sea un improvisado, debe de ser un profesional con experiencia».
El siguiente paso es la publicación del decreto y la designación de la persona titular, que los colectivos vigilarán de cerca. El indicador a seguir no es el nombre en el organigrama, sino si la nueva fiscalía ejerce su partida etiquetada y reactiva los expedientes que llevan años sin resolverse.
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