La organización civil Ciudadanos Observando pidió el 7 de octubre de 2026 esclarecer seis casos de presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de San Luis Potosí durante la administración de Enrique Galindo Ceballos, entre ellos los contratos de pipas de agua, la recaudación de parquímetros y la baja de 27 unidades municipales.
El escrutinio no es nuevo. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) informó el 29 de agosto de 2025 al Congreso del Estado que el ayuntamiento capitalino enfrenta tres denuncias penales por uso de factureras y desvío de recursos públicos, y que es el segundo ente con más observaciones de los 112 fiscalizables, según ContraRéplica San Luis Potosí. Su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, declaró ante la Comisión de Vigilancia que «los temas principales son factureras y desvío de recursos públicos» y que las indagatorias «se encuentran en etapa de investigación».
En su posicionamiento, la organización sostiene que hay presuntos sobreprecios en los contratos de pipas de agua, con denuncias y observaciones del organismo fiscalizador estatal. Sobre la entonces Dirección de Protección Civil Municipal señala que su titular, Adrián Cortazar Ruiz, y seis trabajadores fueron destituidos por presuntos cobros ilegales para otorgar licencias sin cumplir las medidas de seguridad, con una denuncia ante la Fiscalía cuya falta de avances cuestiona. También retoma la baja de 27 unidades del Ayuntamiento: la documentación vehicular se reportó como extraviada en el Estado de México y ese mismo día se concretó la baja ante una oficina recaudadora, y algunas de esas camionetas siguen en circulación. Diario Potosí reportó el 20 de mayo de 2026 que el Ayuntamiento llegó a pedir cerca de 950 mil pesos por copias de recibos de parquímetros.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos ha sostenido públicamente que cuenta con «más de 30 años en el ejercicio público» sin responsabilidades en su contra y que se caracteriza por «ser muy transparente en el uso de los recursos públicos». El organismo menciona además el uso de empresas que identifica como fantasma o presuntas factureras, y la acumulación de demandas laborales y denuncias de acoso ante la Contraloría Interna. La organización aclara que sus señalamientos corresponden a su postura y documentación, y que la existencia de denuncias no implica que las irregularidades estén acreditadas de forma definitiva.
Las tres denuncias penales por factureras y las indagatorias por los parquímetros siguen abiertas. El siguiente punto de verificación para un residente es el informe de resultados del IFSE y el avance de las carpetas en la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
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