El gobierno de San Luis Potosí enviará oficios a las escuelas de educación básica que todavía no aplican la restricción del uso de celulares, advirtió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona el 10 de noviembre de 2026, una semana después de que la medida entró en vigor en la entidad.
La prohibición rige desde el 3 de noviembre de 2026 en primarias y secundarias públicas y privadas, informó El Universal San Luis Potosí. Comprende el uso personal y no pedagógico de teléfonos y otros dispositivos durante la jornada, incluidos los recreos, con excepciones para emergencias, motivos de salud y actividades autorizadas por el personal docente, según El Heraldo de San Luis Potosí. En educación media superior, cada institución define sus propios criterios.
La norma deriva de una reforma a la Ley de Educación del Estado impulsada por el Ejecutivo estatal y aprobada por el Congreso local. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que dará acompañamiento en las cuatro regiones mediante mesas de trabajo con supervisores y directores. El gobernador sostuvo que la medida busca reducir las distracciones en las aulas, favorecer la concentración y el aprovechamiento académico, y poner límites «sin impedir que las nuevas generaciones tengan acceso a la tecnología».
Gallardo Cardona ya había anticipado sanciones. En septiembre, antes de la votación legislativa, declaró: «Va a haber sanciones que pueden llegar a incluso a cerrar hasta los planteles que no cumplan». El 10 de noviembre sostuvo que algunos planteles han sido omisos y que se han retirado celulares en primarias y secundarias, y rechazó que exista resistencia generalizada de madres y padres de familia. La titular de la SEGE, Deysi Maribel López Sierra, explicó ante el Congreso que en básica el uso del celular en el salón está prohibido «al 100%», incluidos los docentes.
El siguiente paso son los oficios y el seguimiento de la SEGE con directivos, docentes y familias en cada región. Para los planteles que aún no ajustan sus reglas internas, la restricción ya es obligatoria y las autoridades estatales darán seguimiento a quienes no la aplican.
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