La Cámara de Diputados aprobó el 20 de octubre de 2026 aplazar hasta 2031 la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la norma que rige los juicios orales de divorcios, pensiones alimenticias y herencias en San Luis Potosí y el resto del país. La votación en lo particular fue de 367 a favor y 60 en contra, según El Universal.
El plazo pasó del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2031, de acuerdo con ese diario; Proceso consignó el 1 de julio de 2031, una discrepancia entre coberturas.
Para San Luis Potosí el calendario importa porque la operación local depende de una declaratoria del Congreso del Estado, a solicitud del Poder Judicial. Entre la declaratoria y la vigencia pueden mediar hasta 120 días naturales; sin declaratoria, el código se aplica de forma automática al vencer el plazo. Al 6 de mayo de 2026 solo Ciudad de México, Baja California y Querétaro habían emitido la suya, según un punto de acuerdo de la Comisión Permanente.
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Zarazúa, anticipó en agosto que la declaratoria se esperaba para septiembre y que Matehuala se perfilaba como sede piloto, según El Heraldo de San Luis Potosí. Un año antes advirtió que el reto supera el sistema penal acusatorio: «Será un cambio total, no hay como tal una cifra definida, pero es de urgencia que los recursos se programen a la brevedad», declaró a El Exprés.
Durante la discusión, Morena, PT y PVEM ampliaron un año la prórroga original, que llegaba a 2030. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, sostuvo que la ampliación permite «que juezas, jueces y personal judicial continúen capacitándose». El PRI votó en contra: «no podemos acompañar un dictamen que retrasa la justicia en nuestro país», dijo Emilio Suárez Licona, según El Universal. Movimiento Ciudadano calculó que se requieren «10 mil millones de pesos como mínimo por año» y Gustavo Adolfo de Hoyos dijo que se vuelve a «patear otra vez el bote», reportó Proceso. Las reservas de Margarita Zavala y Olga Sánchez Cordero para mantener en 2027 la plena capacidad jurídica de personas con discapacidad fueron rechazadas, según La Orquesta.
La minuta pasó al Senado. El Congreso potosino conserva la facultad de emitir la declaratoria antes de 2031 si el Poder Judicial la solicita y el presupuesto lo permite. El primer indicador será la publicación de esa declaratoria y la apertura de la sala piloto en Matehuala.
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