San Luis Potosí pagó once reparaciones del daño por homicidio y feminicidio en lo que va de 2026 mediante el fondo que administra la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), el mecanismo estatal que cubre la compensación cuando la persona condenada no puede hacerlo, informó su titular, Juan Gerardo Castillo Mata. La cifra se divide en ocho reparaciones por homicidio y tres por feminicidio, según El Sol de San Luis, que publicó las declaraciones el 17 de septiembre de 2026.
El fondo opera bajo un criterio de subsidiariedad: primero se agota el procedimiento contra quien fue condenado y, si el pago no se logra hacer efectivo, el Estado lo asume. El monto se determina conforme a lo fijado previamente por la autoridad judicial. «Nosotros no hacemos un reexamen, nos basamos en lo que estrictamente se dictó dentro de la sentencia judicial», dijo Castillo Mata. La Fiscalía General del Estado abrió 258 carpetas por asesinato entre enero y julio de 2026, 254 por homicidio doloso y cuatro por feminicidio, de acuerdo con el informe del SESNSP retomado por Pulso SLP.
Castillo Mata precisó que los expedientes atendidos no corresponden necesariamente a hechos de este año: algunos arrastran procesos iniciados en ejercicios anteriores. La Comisión mantiene alrededor de 200 expedientes abiertos por homicidio doloso y feminicidio, y recibía entre tres y cinco solicitudes mensuales de reparación, informó El Momento en marzo de 2026. La reparación no se limita al dinero: el fondo también cubre traslados, hospedaje, gastos funerarios y peritajes desde que ocurre el hecho.
La atención integral suma apoyo psicológico, asistencia alimentaria, atención médica especializada y gestión de apoyos. En lo que va del año la Comisión atendió a mil 250 personas, de acuerdo con la misma comparecencia. El trámite sigue abierto para casos recientes y para resoluciones antiguas cuyas víctimas deciden iniciar el proceso formal, y la CEEAV coordina el seguimiento de carpetas con la Fiscalía y con organismos de derechos humanos.
El mecanismo se activa cuando el procedimiento contra el condenado se agotó y el pago no se pudo hacer efectivo, sin importar si el caso es reciente o arrastra años. La solicitud se presenta ante la CEEAV, que da seguimiento y canaliza la atención.
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