La mayoría de las policías municipales de San Luis Potosí no detiene a narcomenudistas ni a integrantes de células criminales, mientras la Guardia Civil Estatal concentra los aseguramientos de alto impacto, según lo declarado el 21 de octubre de 2026 por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández.
El secretario sostuvo que la conclusión sale de los análisis de la mesa de coordinación y de las estadísticas. En su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe, la dependencia reportó 13 mil 437 detenciones, 237 armas aseguradas y 17 células delictivas desarticuladas en el último año, según El Exprés y Quadratín San Luis Potosí. También presentó una reducción de 79.8 por ciento en homicidios dolosos, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En la zona metropolitana y sobre todo en la capital, lo que más pesa son violencia familiar, riñas, robo a transeúnte y robo al interior de vehículos, delitos que la SSPC ubica como responsabilidad municipal. «Ahí es donde nosotros pedimos el apoyo, porque creo que tienen la fortaleza, tienen la fuerza, tienen la cantidad de elementos, tienen las patrullas», dijo Juárez Hernández, según La Orquesta. Reconoció «unas honrosas excepciones» y que las corporaciones metropolitanas han logrado buenas detenciones de narcomenudeo. Sobre los ayuntamientos, dijo en la misma comparecencia que «quedan mucho a deber», según Revista Punto de Vista.
La advertencia fue explícita: si los ayuntamientos no responden, el Estado tendrá que retirar personal del Escudo Potosí «para venir a hacer el trabajo de las policías municipales». Como ejemplo citó la detención de dos policías municipales de San Vicente Tancuayalab que portaban un arma que no es de cargo; uno está contratado formalmente y el otro no, y ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Al Congreso le dejó una propuesta: crear soportes jurídicos para obligar a alcaldes y directores de policía a fortalecer sus corporaciones, porque en los municipios alejados la distancia impide al Estado sostener una base operativa completa.
La discusión sigue en dos mesas: el Congreso del Estado, que recibió la propuesta y deberá definir si la convierte en obligación, y cada cabildo, que decide el tamaño y el despliegue de su policía. Juárez Hernández afirmó que con mejor coordinación se puede hacer más contra la violencia familiar, un delito que hoy pesa sobre la autoridad municipal.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes locales verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.
