El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) detectó más de mil millones de pesos en observaciones a las cuentas públicas 2025 de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí, informó el 25 de septiembre de 2026 su titular, Rodrigo Lecourtois López. Los hallazgos incluyen personas fallecidas que seguían registradas en nómina y posibles casos de nepotismo.
El monto es menor al del ejercicio anterior, cuando las observaciones llegaron a casi mil 600 millones de pesos, según el informe difundido por Quadratín San Luis Potosí. Lecourtois atribuyó la reducción a que varios ayuntamientos, en su primer año de administración, dejaron sin atender observaciones de ejercicios previos. El cruce de información fue posible por el convenio con la Auditoría Superior de la Federación, que conecta datos del Servicio de Administración Tributaria, el Registro Civil y la Unidad de Inteligencia Financiera. Los 59 ayuntamientos auditados son el universo municipal completo del estado.
Entre las inconsistencias, el instituto reportó contratación indebida de servidores públicos, empresas fantasma, facturación irregular y doble contratación, es decir, supuestos «aviadores». El Heraldo de México documentó que el cruce con bases federales arrojó personal contratado pese a haber fallecido. «Los muertos no solamente votan, sino que también reciben apoyos sociales», declaró Lecourtois, según El Sol de San Luis. La capital potosina concentra la mayor cantidad de observaciones y los casos son más recurrentes en ayuntamientos pequeños.
Los municipios notificados tienen entre 15 y 20 días para presentar documentación y aclaraciones. Después, el IFSE emite los informes finales de auditoría y los entrega al Congreso del Estado, donde los entes fiscalizados cuentan con 60 días para responder. Para este año el instituto prevé auditar alrededor de 114 entes públicos: los tres poderes del estado, organismos autónomos y los 59 ayuntamientos con sus organismos descentralizados.
El instituto estima que hacia diciembre se conocerán las cuentas públicas definitivas de los ayuntamientos. Si las observaciones no se solventan, se inician los procedimientos administrativos previstos en la legislación. El IFSE precisó que los más de mil millones de pesos corresponden al monto global de las observaciones y todavía no implican un daño patrimonial acreditado.
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