El número de personas jubiladas del Gobierno de San Luis Potosí pasó de cerca de 5 mil al inicio de la administración a casi 10 mil en 2026, y la presión financiera sobre el Sistema Estatal de Pensiones se estima en alrededor de 4 mil millones de pesos, según la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal. Este año se autorizaron 2 mil 600 millones de pesos para el sistema.
García Vidal respondió a una pregunta del diputado César Arturo Lara durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno. En la crónica que El Exprés publicó el 20 de octubre, la funcionaria sostuvo que hay «una variación constante en la población beneficiaria» y que «están garantizados los pagos» a quienes ya cobran.
El esquema opera con un diseño de hace más de medio siglo, cuando había más trabajadores activos por cada persona jubilada. Cada año se suma una generación nueva a la nómina de retiro y la pensión se cubre durante el resto de la vida, así que el gasto sube aunque no se otorguen beneficios nuevos. Pulso SLP reportó que las obligaciones estatales señaladas en la respuesta de la secretaria ascienden a 800 millones de pesos y que el Gobierno del Estado sostiene que no tiene adeudos con la Dirección General de Pensiones.
En la misma comparecencia, García Vidal informó que la deuda pública de largo plazo bajó de 3 mil 609 millones de pesos en 2021 a 2 mil 900 millones al 30 de septiembre de 2026, y que un financiamiento de corto plazo de 266.7 millones de pesos se liquidará en diciembre. También mencionó un crédito fiscal de 1 mil 600 millones notificado en agosto por ISR omitido de 2018, que sigue en revisión. La Orquesta consignó que la secretaria no precisó si los 4 mil millones corresponden a un gasto anual ni a partir de cuándo se alcanzaría la cifra. Pulso SLP añadió que las participaciones federales crecerán 7% en 2027, después de una caída de 400 millones este año.
El Congreso no tiene agendada una iniciativa para modificar el esquema. El siguiente punto de control es el paquete fiscal 2027, donde se define cuánto se etiqueta al sistema, y el pago del financiamiento de corto plazo en diciembre.
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